Si es cierto como afirma el diario El Nacional en su edición de ayer, que los dirigentes choferiles condenados por el caso del Plan Renove, planean actividades huelgarias en oposición a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ratificar su condena, ya de por sí reiterada por una Corte de Apelación, entonces de lo que se trata es de un atentado criminal contra las instituciones de la República.
No se trata de una negociación en busca de reivindicaciones sociales o de uno de los habituales pleitos entre ellos por rutas del transporte. No. Se trata de una rebelión contra una decisión legítima de un poder público, adoptada de acuerdo a las normas legales del estado constitucional que todos tenemos la obligación de acatar.
De lo que se trata es de constituir a los choferes en una clase aparte, inalcanzable por los poderes públicos. De lo que se trata es de constituir un grupo social impune y que no puede ser afectado por acción alguna de las instituciones del Estado.
Algunos de los imputados siguen reclamando su inocencia. Ese es su derecho, pero tienen que hacerlo por los medios que establece nuestro sistema de derecho, no con medidas de fuerza ni con venganzas colectivas en un burdo intento por poner el país de rodillas.
Confiamos en que esto no pasará de ser una reacción ab irato de los afectados, al calor de la noticia desfavorable y que no pasará a mayores, primero porque no lograría torcer la decisión, tomada en todas las instancias del proceso y segundo, porque agravaría la situación de los propios inculpados.
En caso de que prospere el propósito, el país tiene que levantarse en contra de este intento de golpe de estado choferil.
De Diario Libre
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